Ante los ataques laborales, no queda otra que luchar
Llevamos muchos años que desde las instituciones y en beneficio de las élites económicas se ha seguido una estrategia que sirve, en primer lugar, para acabar con todos los servicios y empresas públicas que eran propiedad de todas y parte de la riqueza de nuestro país, de forma que pasen a ser patrimonio unos pocos y fuente de su riqueza personal. Y en segundo lugar, sirve para el establecimiento de zonas y regiones dedicadas a actividades productivas y de alto valor añadido mientras otras muchas se dedican al simple almacenamiento y distribución, generando pobreza y la posibilidad de disponer de mano de obra barata.
En este contexto, la zona sur de la Comunidad de Madrid, y Fuenlabrada como parte de ella, son un caso paradigmático, donde desde las instituciones y sus políticas se han privatizado innumerables servicios públicos mientras se han desatendido por completo todas las políticas industriales, dejando sin actividad, o con una actividad centrada en el almacenaje y distribución, la inmensa cantidad de polígonos industriales en la región.
Como muestra de los ataques a lo público sirve el recorte de recursos y personal que sufren los trabajadores y trabajadoras de Correos, una empresa pública con inmensos beneficios cuyo interés del gobierno estatal que la gestiona no es más que empeorar por completo el servicio para facilitar su privatización a un precio mucho más barato que el actual. No es una forma de actuar nueva, pues ya se intenta también en la sanidad pública, el Canal de Isabel II o Telemadrid.
Para ejemplificar la estrategia de acabar con el tejido industrial del sur de nuestra comunidad, sobran los ejemplos como los de las trabajadoras y trabajadores de Coca Cola, el cierre de Callfer SA, los tres ERE en tres años de Ericsson o las continuas trabas a las pequeñas empresas de nuestros polígonos industriales.
Por todo ello, no queda otra que seguir luchando como vienen haciéndolo las trabajadoras y trabajadores de Coca Cola, Correos, Ericsson, MoviStar y tantas otras, no sólo por los derechos de esos y esas trabajadoras, sino por defender el derecho a un empleo digno de todas y todos, porque en aquellos lugares en que se acaba con el tejido productivo, las consecuencias las acaba sufriendo con su empobrecimiento la inmensa mayoría social.